En una decisión de enormes implicancias políticas, la dirección del Partido Obrero resolvió la intervención legal del Partido Obrero de Tucumán. Ha apelado para ello a la legislación de partidos políticos que le permite a los partidos nacionales esa injerencia sobre sus agrupaciones de distrito, aunque son estos distritos quienes han asumido la tarea de reunir los requisitos necesarios para conseguir esa legalidad—adhesiones, afiliaciones- para sostener su legalidad. La dirección del PO recurre a uno de los flancos más autoritarios de la legislación de partidos.
La intervención al PO de Tucumán despojaría a los compañeros de este comité de todos esos derechos en el plano político y en el electoral en general –conformar listas y nombrar o reemplazar candidatos, y manejar la relación legal con los otros partidos del FIT-Unidad. O sea que es un ataque al régimen democrático de nuestro partido y a su estatuto. Constituye una violación de la autonomía de nuestro partido por parte del Estado. Se atribuye al PO de Tucumán la adhesión al reclamo que han hecho casi mil compañeros de que se reconozca el derecho de tendencia en el seno del Partido Obrero, en total conformidad con lo que determina su estatuto.
Quienes recurren a la intervención del poder judicial en el partido, violan de este modo el método político del PO por partida doble: expulsión de militantes en lugar del reconocimiento del derecho de tendencia al interior del partido y reclamo al Estado para que desempeñe un papel de árbitro en la crisis de nuestra organización. Dada la condición ampliamente mayoritaria de nuestra tendencia en Tucumán, la convocatoria a la intervención del estado para atacar a esta mayoría, convierte a la campaña electoral que se ha iniciado en rehén de una camarilla.
Como señaló Alejandra del Castillo, la apoderada en el distrito, la intervención usurparía un enorme esfuerzo de todo el Partido Obrero de Tucumán, que militó denodadamente para alcanzar su legalidad.
La apelación a la Justicia para que arbitre una crisis al interior del partido, constituye un paso hacia la integración del Partido Obrero al Estado capitalista. El significado político de esta intervención debe verse en todo su alcance porque afecta al conjunto del partido. Se apela a la justicia y a la legislación del régimen para dirimir un conflicto político, en este caso entre la dirección nacional y la mayoría de nuestra regional. La intervención del Estado es requerida para frustrar un debate franco entre militantes.
La apelación a la justicia en este caso, por parte de la dirección de un partido de la clase obrera, es reaccionaria. No es ejercida contra los enemigos de los trabajadores, como la lucha contra el gatillo fácil, el despojo a los jubilados o la condena a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra; es utilizada como un punto de apoyo contra los militantes de nuestro propio partido. El recurso a la legislación reaccionaria del Estado para incidir en nuestro debate interior comporta un gravísimo salto en la escalada de la dirección del Partido Obrero contra quienes defendemos el régimen democrático interno de nuestra organización. Culmina una serie de atropellos previos, como el espionaje electrónico a los militantes, la censura en la prensa del partido, las separaciones sumarias y los ’asaltos‘ a locales –cambios de cerraduras, sustracción de instrumentos de trabajo valiosos.
Al frente de la “intervención” a Tucumán, se pretende colocar al único integrante del Comité de esta provincia que adhiere a estos métodos de la dirección nacional. El lugar político que le ha negado la militancia del PO de Tucumán a Martín Correa, sería ahora impuesto por la jueza Romilda Servini de Cubría (las intervenciones partidarias se dirimen en la justicia electoral nacional).
La intervención judicial de Tucumán es reveladora de las cuestiones políticas que están en juego en la crisis que recorre a nuestro partido. El reclamo al arbitraje del Estado ilustra el contenido de la tendencia al electoralismo y el parlamentarismo, o sea que, en lugar de ser usados como herramientas para denunciar al Estado capitalista y desarrollar una conciencia antagónica entre los trabajadores, lo convierte en un escenario de arbitraje entre el capital y la fuerza de trabajo –precisamente la función histórica del parlamentarismo. En este caso, la dirección del Partido Obrero invita a un poder del Estado a terciar en una lucha política que debería ser resuelta por los militantes del PO, al interior del PO.
Toda la militancia debe rechazar la promoción de la intervención del Estado contra el PO de Tucumán. Asimismo llamamos a reclamar, como lo hace Ariel Osatinsky, el reconocimiento de la tendencia que reclaman casi mil militantes con su firma y un documento político, así como el fin de las separaciones sumarias, la censura y otras acciones gravísimas ocurridas en nuestra organización.
Comité de Tucumán del Partido Obrero
Alejandra Del Castillo, Anahí Rodríguez, Daniel Blanco
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