El 17 de agosto, a las 11hs, movilización a la legislatura de Tucumán.
El femicidio de Paola Tacacho a fines de octubre del año pasado produjo una conmoción en la provincia. La joven docente de inglés fue atacada por quien la había acosado durante 5 años bajo la acción cómplice de la justicia y las instituciones del Estado, que desoyeron sus reiteradas denuncias y advertencias. La lucha de los familiares de Paola permitió reconstruir las 22 denuncias que realizó para solicitar protección estatal sin obtener respuesta.
La completa falta de respuestas por parte de la justicia a las denuncias de Paola se explica por la pertenencia del femicida a una familia poderosa. Era hermano de un empresario vinculado al poder político de la provincia. Por ese motivo fue que las denuncias de Paola no prosperaban y que la causa por el femicidio se encuentre paralizada. El fiscal se niega a investigar y unificar todas las causas que inició Paola, para avanzar sobre las responsabilidades estatales.
Sobre las 22 denuncias que realizó Paola, 14 fueron penales. De estas últimas, 13 fueron archivadas por los fiscales y sólo una llegó a elevación a juicio en 2017. En esta causa el juez Pisa, sin considerar los testimonios de Paola y otros testigos, ni investigar si había otras denuncias, bajo el argumento que era un gasto innecesario, decidió desestimar el requerimiento y sobreseer al futuro femicida.
Es por esta actuación del juez Pisa que en noviembre se realizaron 8 pedidos de juicio político en la legislatura, reclamo que fue acompañada de un proceso de movilización popular. La comisión de juicio político, en una maniobra de impunidad, dejó dilatar los plazos, y permitió que el gobernador Manzur en febrero le firme la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio al juez. El retiro debía sustanciarse en 60 días caso contrario se reiniciaba el proceso de juicio político. Esto no se concretó por problemas previsionales de Pisa pero la legislatura se negó a reabrirlo.
Frente a este salvataje del juez se presentaron nuevos pedidos de juicio político y se vuelve a repetir la actuación de la comisión de juicio político. El 20 de agosto se vence el plazo para que decida si formula la acusación o archiva los pedidos y todavía no se ha expedido. El trasfondo es que Pisa es ´el Oyarbide tucumano´: ha beneficiado a los gobernantes en numerosas causas por corrupción. Si bien en la provincia se ha desatado una interna feroz entre el gobernador Manzur y el vicegobernador Jaldo, y la legislatura es una escenario de guerra entre ambos, la protección a Pisa es una cuestión de Estado.
La familia de Paola Tacacho, que desde un primer momento salió a la
lucha para enfrentar la impunidad, convocó a una movilización a la
legislatura este 17 de agosto a las 11hs para exigir el juicio político a
Pisa. Es fundamental darle un carácter masivo a la convocatoria e
impulsar un plan de lucha porque ya está demostrado que es el único
camino para enfrentar al régimen de impunidad.
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