Escribe Diego Carrazán | publicado en politicaobrera
El Gobierno acordó con la burocracia del Frente Gremial Docente (ATEP, APEM, AMET) el adelantamiento de setiembre para agosto de la segunda cuota de la paritaria pactada en marzo. De este modo, se intenta descomprimir el descontento de la docencia y la posibilidad de que emerja un movimiento de lucha por un verdadero aumento salarial.
Manzur quiere llegar a las PASO sin conflictos, a diferencia de lo que le acaba de ocurrir al gobernador de Salta, donde se desarrolla una enorme lucha docente por el salario y contra la presencialidad, que tuvo impacto directo en los resultados electorales. Precisamente Manzur y su ministro Lichtmajer están jugados a imponer la presencialidad plena de la actividad escolar, como si la pandemia ya se hubiera superado, haciendo caso omiso a los señalamientos de especialistas e incluso del propio Siprosa (Sistema Provincial de Salud), alertando sobre el inminente ingreso de la variante Delta, y mucho menos de los fallecimientos y contagios que se han producido en este periodo en el ámbito educativo. El gobierno procura a toda costa una “normalidad” sin atender las cuestiones más elementales de garantizar las condiciones de los sanitarios, de puertas y ventanas. En muchas escuelas, los docentes se han visto obligados a realizar rifas para obtener fondos para poder comprar lavandina, pues la que envía el ministerio no alcanza para nada.
Con todo, la cuestión salarial es cada día más apremiante. Con el adelantamiento de la cuota a cobrar en octubre que ahora se pasa a cobrar en setiembre, un docente primario que recién se inicia cobrará $48.300 y uno con el máximo de antigüedad, $63.650; mientras que un docente secundario que recién se inicia con 15 horas cátedra cobrará $49.400 y uno con las mismas horas y el máximo de antigüedad, $60.400.
Si tomamos en cuenta los últimos datos oficiales publicados sobre la Canasta Básica Total, una familia tipo tucumana necesitó $59.500 ¡en julio! para no ser pobre. Nuestro salario inicial docente de setiembre será de pobreza comparado con la canasta de julio.
Por otro lado, si tomamos los porcentajes, el acuerdo provincial que la burocracia acordó con el gobierno en el mes de marzo de un aumento en cuota del 30%, ya fue alcanzado por la inflación provincial el mes pasado. Esta es nuestra realidad salarial.
Mientras las centrales sindicales nacionales acordaron un salario mínimo de $45.000 para fin de año, la docencia salteña está desarrollando una lucha extraordinaria reclamando un salario inicial que cubra el costo de la canasta familiar, un salario de 120 mil pesos, y lo están haciendo con asambleas, piquetes en todas las ciudades y pueblos y el método de la huelga general y grandes movilizaciones de masas.
La lucha salarial de la docencia no puede ser concebida dentro del marco estrictamente sindical. El ajuste más a fondo de los salarios y la reforma laboral forman parte del acuerdo que el Fondo Monetario Internacional pretende que el nuevo congreso que emerja de las elecciones de noviembre le de carácter de ley.
En este sentido, la lucha salteña no es solo una lucha contra el gobierno provincial salteño y las burocracias entreguistas; es, sobre todo, una lucha política contra un mayor avasallamiento colonizador del FMI frente a los trabajadores.
Una lucha de la clase trabajadora por sus condiciones mínimas de subsistencia, representa hoy objetivamente una lucha política contra el FMI, los Macri de Juntos por el Cambio y los Kirchner del Frente de Todos.
En Tucumán, la docencia autoconvocada, por medio de asambleas por escuela y zonas, debe avanzar en la organización de una lucha por un salario igual a la canasta familiar, contra la presencialidad, inspirándose en la histórica lucha de la docencia salteña.
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