Este 27 de agosto se realizará la 7° marcha nacional contra el gatillo fácil. Familiares de víctimas de todo el país vienen organizando la jornada desde hace dos meses en coordinación con varias organizaciones sociales y políticas.
En Argentina se registra un caso de gatillo fácil por día. Las detenciones arbitrarias y apremios ilegales en las comisarías son cotidianos. Las fuerzas represivas se valen de la impunidad que le brindan los gobiernos, la justicia y las leyes contravencionales. Algunas, como la que rige en Tucumán, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de la Nación y la provincia, pero como la legislatura no sancionó otra ley contravencional sustituta de la “democracia”, se sigue aplicando normativa dictada durante dictaduras militares.
La doctrina Chocobar fue anulada con la asunción de Fernández, pero goza de buena salud. Este año el mismo Chocobar recibió solo una pena de 2 años, a pesar de haber fusilado a un joven por la espalda.
Otra clara demostración que el gatillo fácil es una política de Estado son los casos de Santiago Maldonado y Facundo Castro donde desde los ministerios de seguridad, las cúpulas de la gendarmería, la justicia y los ejecutivos se han asociado para presentar los crímenes como muertes naturales. Este accionar se repite, de una u otra manera, en los centenares de casos en todo el país.
Durante las reuniones de organización de la marcha se debatió el alcance del proyecto de ley integral contra la violencia institucional impulsada por un grupo de diputados K. Esta normativa tendría el propósito de prevenir y erradicar casos de violencia institucional ejercidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.
El debate entre los familiares todavía está abierto aunque todo un sector ya ha manifestado que el accionar criminal de las fuerzas represivas no se soluciona con capacitaciones en derechos humanos. Su función represiva, y su profunda descomposición, plantean la lucha por su desmantelamiento y la organización independiente en defensa de las libertades democráticas. La asistencia y reparación a las víctimas que plantea la ley en cuestión requiere que los familiares se organicen para arrancarla al Estado y el rechazo a todo intento de cooptación por parte del Estado. Y, ante todo, que haya juicio y castigo efectivo para los culpables.
La salida al gatillo fácil y la violencia institucional pasa por reforzar la coordinación y la lucha independiente del Estado y los gobiernos de los familiares de víctimas con las organizaciones de lucha en un programa que plantee el desmantelamiento del aparato represivo, la derogación de las leyes contravencionales, el juicio y castigo a todos los policías asesinos y sus cómplices institucionales, la libertad a las/os presas/os por luchar y la denuncia a la represión e impunidad
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