El jueves 2 de setiembre cuatro mujeres que se encontraban alojadas en la Brigada Femenina de Concepción fallecieron a causa de un incendio. Las autopsias revelaron que no murieron incineradas, sino asfixiadas. Las encontraron todas juntas en la ducha donde buscaron protegerse del fuego. Otras siete personas también resultaron afectadas por inhalación de gases.
Familiares de las víctimas manifiestan que el incendio podría haber sido intencional y que también las abandonaron a propósito, dado que las mujeres no fueron rescatadas bien se inició el siniestro. La brigada queda a la vuelta del cuartel de bomberos, pero estos se habrían demorado en sofocar las llamas y rescatar a las víctimas, por fallas en la autobomba del camión.
Entre las denuncias de los familiares también trascendió que en la brigada la policía promovía peleas entre las reclusas nuevas con las de mayor antigüedad. También que dos de las víctimas eran de Capital, mientras la brigada de Concepción queda a una hora de viaje, y pedían el traslado para poder recibir la visita de sus hijos y familiares.
Esta tragedia pinta de cuerpo entero la política criminal del ministerio de seguridad que mantiene condiciones de detención inhumanas y que no investiga las permanentes denuncias por apremios y torturas. En 2015 se produjo un hecho similar en la brigada norte que se cobró la vida de Ariano Biza y Emanuel Gallardo, caso que se encuentra impune, quienes también unos días antes habían denunciado tratos crueles.
En 2016 la propia Corte de Suprema de justicia de la provincia, a raíz de un habeas corpus interpuesto por dos fiscales, verificó violaciones a normativas con rango constitucional en las condiciones de alojamiento y detención. Con tal motivo ordenó al poder ejecutivo trasladar personas detenidas en comisarías a unidades del servicio penitenciario. Ninguna de estas disposiciones se cumplieron.
El mismo día del incendio también se viralizó un video donde un policía remonta su escopeta y le dispara a escasos metros a un joven de la Costanera una de las barriadas más pobres de la capital. El joven no estaba armada ni denunciado por ningún hecho tenía impactos de perdigones de goma en el abdomen. La persecución a los jóvenes y el gatillo fácil son otra manifestación de esta política criminal.
El ministro de seguridad, Claudio Maley, y el gobierno provincial son responsables de este crimen social y para que la causa no quede impune y se avance sobre ellos es fundamental poner en pie la coordinación de los familiares de las víctimas junto a las compañeras y compañeros que luchan contra el gatillo fácil. Hay que exigir la inmediata separación de los policías implicados y la investigación sobre todas las denuncias que pesan sobre la brigada y exigir que también sean imputados los funcionarios del ministerio de seguridad que son la cabeza de este régimen carcelario totalmente descompuesto
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